Por Danilo Prates, Especialista en Riesgos y Gobernanza de Ciberseguridad en Neoenergia.
El 27 de junio de 2025, el gobierno de Canadá ordenó que la empresa china Hikvision cerrara sus operaciones en el país. La decisión se basó en una revisión de seguridad nacional realizada bajo la Ley de Inversiones de Canadá. Según el gobierno, la permanencia de la empresa representaría un riesgo para la seguridad nacional, con base en información proporcionada por la comunidad de inteligencia canadiense.
Hikvision, el mayor fabricante mundial de equipos de vigilancia, reaccionó con vehemencia. En un comunicado, afirmó que la decisión carece de base fáctica, transparencia y justicia procesal, y que refleja un prejuicio geopolítico contra las empresas chinas. La empresa opera en Canadá desde 2014 y, aunque el gobierno no exigió la retirada inmediata de sus equipos ya instalados, recomendó que los canadienses reevalúen su uso.
Este episodio, aunque localizado, refleja una tendencia global: el recrudecimiento de las tensiones geopolíticas en torno a la tecnología y la vigilancia. Es más, revela cómo el mundo avanza hacia un escenario cada vez más cercano al descrito por George Orwell en 1984 — un mundo donde la vigilancia estatal se vuelve omnipresente, y la línea entre seguridad y control se vuelve peligrosamente tenue.
¿Una nueva Guerra Fría?
La decisión de Canadá no es aislada. En los últimos años, varios países y empresas occidentales han restringido o prohibido tecnologías de origen chino, especialmente en sectores sensibles como telecomunicaciones, seguridad, energía e infraestructura crítica. Huawei, por ejemplo, enfrentó sanciones similares en varios países durante la pandemia. La justificación casi siempre es la misma: riesgo de espionaje y compromiso de la soberanía nacional.
Detrás de estas decisiones hay una nueva forma de Guerra Fría — ya no basada en arsenales nucleares, sino en redes de datos, algoritmos y vigilancia. La tecnología se ha convertido en el nuevo campo de batalla, y empresas como Hikvision son vistas no solo como proveedoras de productos, sino como posibles extensiones de los intereses estratégicos de sus países de origen.
Esta lógica, sin embargo, plantea cuestiones complejas. ¿Hasta qué punto es posible separar una empresa de su país de origen en un mundo globalizado? ¿Y hasta qué punto las preocupaciones por la seguridad nacional justifican medidas que, en la práctica, pueden interpretarse como proteccionismo o xenofobia tecnológica? ¿Qué empresas la sustituirán sino una occidental y que igual no es canadiense?
El espejo de Orwell
En 1984, George Orwell describe un régimen totalitario donde el “Gran Hermano” observa a todos los ciudadanos, todo el tiempo. La vigilancia es el principal instrumento de control social, político y económico, donde privacidad es inexistente. Aunque la obra fue escrita como una crítica al totalitarismo del siglo XX, en las últimas décadas se ha convertido en una referencia casi profética para los dilemas del siglo XXI.
Hoy en día, cámaras de vigilancia con reconocimiento facial, software de rastreo de comportamiento y escuchas digitales son realidades en muchos países — democráticos o no. La justificación, casi siempre, es la seguridad: prevenir delitos, combatir el terrorismo, proteger el orden público. Pero la frontera entre protección y opresión es tenue.
Hikvision, por ejemplo, ya ha sido acusada de proporcionar tecnología utilizada para monitorear a minorías étnicas en China, como los uigures. Aunque la empresa niega su implicación directa en violaciones de derechos humanos, estas acusaciones alimentan la desconfianza internacional y refuerzan la percepción de que la tecnología de vigilancia puede ser — y ha sido — utilizada como herramienta de represión.
El caso iraní y WhatsApp
La preocupación por la vigilancia no se limita a equipos físicos. En junio de 2025, surgieron sospechas de que el gobierno iraní estaría utilizando WhatsApp como herramienta de espionaje contra disidentes y periodistas. Según denuncias de organizaciones de derechos humanos, el régimen habría explotado vulnerabilidades en la aplicación para monitorear comunicaciones privadas e identificar opositores.
Aunque WhatsApp utiliza cifrado de extremo a extremo, se sospecha que el acceso se produjo mediante programa maligno instalado en los dispositivos de los objetivos — una técnica conocida como “spyware”. Casos similares ya se habían registrado anteriormente, como el uso del software Pegasus por gobiernos autoritarios.
Este episodio refuerza la idea de que la vigilancia estatal no depende solo de cámaras o sensores, sino también de herramientas digitales ampliamente utilizadas por la población. Y que, incluso en plataformas y dispositivos considerados seguros, la privacidad ya es ilusoria.
Los límites de la seguridad
Ante este escenario, es legítimo que los Estados busquen proteger su soberanía y a sus ciudadanos. La seguridad nacional es un valor fundamental, e ignorar riesgos reales sería irresponsable. Sin embargo, también es fundamental que estas medidas se tomen con base en criterios transparentes, respetando los principios del debido proceso legal y evitando generalizaciones que puedan alimentar prejuicios o tensiones geopolíticas innecesarias.
La expulsión de Hikvision de Canadá, por ejemplo, puede interpretarse como una medida preventiva justificada — pero también puede verse como parte de una escalada de desconfianza entre Occidente y Oriente, con impactos que van más allá de la seguridad y afectan al comercio, la diplomacia y la cooperación internacional.
Asimismo, el uso de aplicaciones como WhatsApp con fines de espionaje plantea cuestiones sobre la responsabilidad de las empresas tecnológicas en la protección de los datos de sus usuarios, y sobre los límites éticos de la actuación de los Estados en nombre de la seguridad.
Conclusión: Un futuro en disputa
Vivimos en un mundo donde la tecnología redefine constantemente los límites entre lo público y lo privado, entre la libertad y el control. La vigilancia, antes restringida a regímenes autoritarios, se ha convertido en una práctica común — muchas veces invisible, pero profundamente impactante.
La decisión de Canadá respecto a Hikvision, las sospechas contra Irán y el uso creciente de tecnologías de monitoreo por parte de gobiernos de todo el mundo son señales de que estamos entrando en una nueva era. Una era donde la seguridad se invoca como justificación para medidas cada vez más intrusivas, y donde la privacidad se convierte en un bien escaso.
Nos corresponde a nosotros, como sociedad, reflexionar sobre los límites de esta vigilancia. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a renunciar a nuestra libertad en nombre de la seguridad? ¿Quién vigila a los vigilantes? Y, sobre todo, ¿cómo garantizar que la tecnología se utilice para proteger — y no para oprimir?
Estas son preguntas que no tienen respuestas fáciles. Pero son preguntas que debemos seguir haciéndonos.
Resumen profesional
Danilo Prates es un profesional brasileño con más de ocho años de experiencia en análisis de procesos, privacidad de datos (GDPR/LGPD), gestión de riesgos, investigación de fraudes y control estratégico. Su trayectoria se destaca por impulsar entregas de alto rendimiento y resultados tangibles, con un enfoque creciente en la gobernanza de la inteligencia artificial y la promoción de una cultura digital innovadora.
Graduado en Relaciones Internacionales, con pasajes en Argentina y Estados Unidos, y doble especialización en Ciberseguridad y Economía, Danilo combina una visión estratégica, global y analítica para enfrentar desafíos complejos, incluyendo la adopción ética de nuevas tecnologías.
Su experiencia abarca consultoría en riesgos, cumplimiento y auditoría, investigaciones corporativas, prevención de fraudes, implementación de programas de privacidad, gestión de proyectos ágiles, comunicación intercultural y gobernanza de IA. Además, actúa como agente de transformación digital, fomentando la creatividad y la innovación en los entornos organizacionales.
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